Guerrero: maestros, privilegios y violencia

Luis Hernández Navarro

En Acapulco, unos 700 profesores colocaron un ataúd y un mensaje: Descanse en paz maestro Víctor. Sólo este año 2014 van 19 maestros muertos por la violencia, causa de inseguridad, ¿cuántos más?

El féretro fue emplazado como señal de protesta, el pasado 14 de noviembre, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) en el puerto. El profesor Víctor era el supervisor de la zona escolar 37 de jardines de niños. Unos días antes fue asesinado en un robo a mano armada.

El caso del profesor Víctor no es único entre los docentes de Guerrero. Allí el hampa los ha tenido bajo acoso durante los últimos tres años. La verdad –relató un profesor a Héctor Briseño, corresponsal de este diario– “está muy cabrón, a cada rato hay levantones y secuestros y en los últimos tres meses las cosas se volvieron a poner muy difíciles”.

Inconformidad y protestas cunden entre los trabajadores guerrerenses de la educación. El mismo día en que pusieron el féretro frente a las instalaciones de la SEG, marcharon y colgaron cartulinas y pancartas con sus demandas. No más secuestros y extorsiones para el pueblo y magisterio ¡Exigimos! Verdadera seguridad y no simulación!, decía una.

La historia no es nueva. Asediados desde 2011 por la violencia del crimen organizado, víctimas de extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos, miles de mentores de Acapulco, Tierra Caliente, Costa Chica, Sierra, Costa Grande y Norte han suspendido intermitentemente labores (durante tres meses en ese año) y tomado una y otra vez las calles para exigir protección. En otras regiones muchos maestros han optado por desertar silenciosamente de las aulas.

Y es que, dueños de las calles y de las noches, los delincuentes buscan hacerse también del control de las escuelas: exigen a los mentores el pago de una cuota mensual y del aguinaldo para que no les suceda nada. Saben cuál es el salario de cada docente porque tienen en su poder las nóminas. Alguna autoridad se las proporcionó.

Hace tres años, con bombo y platillo, Felipe Calderón echó a andar el programa Guerrero Seguro para enfrentar la inseguridad en Acapulco. En varias escuelas se colocaron botones de pánico que ya no sirven y se enviaron policías privadas durante unas cuantas semanas. El plan fue un fracaso total. Tanto así que el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de no viajar a Guerrero, y en Acapulco de no ir más allá de dos cuadras tras la costera Miguel Alemán y no salir de la denominada zona hotelera.

En lugar de actuar con diligencia y comprensión, las autoridades han criminalizado frecuentemente a las víctimas. En octubre de 2011, la SEG presentó una denuncia contra los líderes del movimiento magisterial que encabezaron las acciones contra la violencia criminal. Una y otra vez, a lo largo de estos últimos tres años, los ofrecimientos gubernamentales de garantizar seguridad pública en las aulas no se han cumplido a cabalidad.

Los malhechores que extorsionan, roban y asesinan a los profesores no actúan en solitario. Son integrantes de bandas del crimen organizado que se dedican también al negocio de las drogas. Cuentan con el apoyo de importantes políticos y de las fuerzas del orden. Son parte de la trama en la que opera la narcopolítica estatal.

En Chilapa, por ejemplo, donde ante el clima de inseguridad que prevalece multitud de maestros han salido del municipio, el edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Javier García, El Tepache, ha sido acusado de tener nexos con el líder del grupo criminal Los Rojos, Zenén Nava. El alcalde debe su apodo al negocio al que se dedicó durante años y en el que, asegura, labró una fortuna.

La hidra de la narcopolítica en el municipio fue parcialmente podada cuando el oficial mayor del ayuntamiento, Vicente Jiménez Aranda, fue detenido por la Procuraduría General de la República por sus presuntos nexos con el narco. Sin embargo, la violencia persiste en la región. Apenas el pasado 27 de noviembre aparecieron allí 11 cuerpos incinerados y decapitados.

Indefensos ante los criminales, los profesores guerrerenses, como muchos otros ciudadanos más, no tienen a quien recurrir. Algunos, en la Montaña y la Costa Chica, se han sumado o han apoyado a las policías comunitarias que mantienen a los delincuentes a raya. Pero en otras regiones con menos experiencia de autodefensa no han podido hacerlo.

Una de las razones, entre otras más, que explican el surgimiento de la actual insurgencia cívico popular en la entidad es el intolerable clima de inseguridad en el que los guerrerenses pobres viven, y la impunidad y abierta protección gubernamental que el crimen organizado disfruta. Para los de abajo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa mostró que la simbiosis entre poder y el narco llegó ya a una situación límite a la que hoy necesitan responder con un enérgico ¡ya basta!

En su discurso por el aniversario luctuoso de José María Morelos, el pasado 23 de diciembre, el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, advirtió que la confrontación que se vive entre los ciudadanos y la administración de Enrique Peña Nieto procede de las resistencias que vienen de los que no desean perder privilegios y de quienes creen que no todos merecen las mismas oportunidades.

¿Cuáles privilegios son los que no desean perder los maestros guerrerenses? ¿El de vivir y trabajar en paz, con seguridad básica, junto a sus familias y comunidades?

Hace casi un año, Arturo García, dirigente campesino de Atoyac, escribió en estas mismas páginas a propósito de la ola de violencia criminal que azota su municipio: si ya nos robaron la democracia, ¿ahora también nos robarán la libertad más elemental? La respuesta de los profesores y de miles de guerrerenses movilizados es que no, que no están dispuestos a que se les robe la libertad más elemental: la del derecho a la vida.

Twitter: @lhan55

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