Ninguno de los 3 órdenes de gobierno ha logrado sentar a Germán Larrea para que acate la ley: Alzaga

Posted by ALMA RÍOS
Date: Julio 10, 2017
in: Portada, Sociedad y Justicia

Ninguno de los 3 órdenes de gobierno ha logrado sentar a Germán Larrea para que acate la ley: AlzagaA escasos días de cumplirse 10 años de la huelga en la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, y propiedad de la subsidiaria de Grupo México, IMMSA, que fuera ocasionada principalmente por el reclamo de los trabajadores del apego a normas de seguridad e higiene violentados por la empresa de Germán Larrea, ninguno de los tres órdenes de gobierno del país han logrado “sentar” al segundo hombre más rico de México para que acate la ley. En las imágenes, de izquierda a derecha, Germán Larrea, propietario de la mina; aspecto de la cabecera municipal de Sombrerete, y Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (SNTMMSRM) n FOTOs: facebook

■ “El magnate intenta conseguir contratos colectivos de ‘protección patronal’, como sucedió en Sonora”

■ Si en realidad la 62 Legislatura y el gobernador quieren arreglar el asunto, deben dirigir una carta al presidente de la Junta Federal de Conciliación: SNTMMSRM

A escasos días de cumplirse 10 años de la huelga en la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas y propiedad de la subsidiaria de Grupo México, IMMSA, que fuera ocasionada principalmente por el reclamo de los trabajadores del apego a normas de seguridad e higiene violentados por la empresa de Germán Larrea, ninguno de los tres órdenes de gobierno del país ha logrado “sentar” al segundo hombre más rico de México para que acate la ley.

No sólo en el caso zacatecano, sino respecto de los otros conflictos que iniciaron a la par en Taxco y Cananea el 30 de julio de 2007, “van a cumplirse nueve años que a la empresa no la sienta ni Dios padre”, dijo a La Jornada Zacatecas Óscar Alzaga.

El abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) observó que en el 95 por ciento de los conflictos de este tipo en México y el mundo la vía de arreglo es la conciliación entre las partes.

Detrás de la negativa del magnate para ello está su intención de conseguir contratos colectivos de “protección patronal” como ya sucedió en Sonora, donde logró la reducción de los salarios de los trabajadores en la mina más importante del país, la emblemática Cananea, de 650 pesos por día, que recibían antes de la huelga y posterior terminación de la relaciona laboral obtenida por la patronal con un alegato sustentado en “causas de fuerza mayor” para luego reabrir con otra razón social, a 150 pesos, aseveró.

En este sentido comentó que si en realidad la 62 Legislatura del estado y el gobernador Alejandro Tello quieren arreglar el asunto, deben dirigir una carta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que emita el laudo pendiente desde el 5 de noviembre de 2014, “es más sencillo y rápido que andarle dando vuelta a las cosas”.

Para Óscar Alzaga la postura de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, de proponer el conflicto en la Mina San Martín como un asunto entre sindicatos y señalar que depende de un nuevo recuento de votos para definirse cuál gremio obtiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), exhibe un sesgo a favor de Grupo México.

Expresó suspicacias asimismo acerca del exhorto dirigido a Tello Cristerna que por unanimidad votaron los diputados a la 62 Legislatura del estado para que busque establecer mesas de diálogo entre los sindicatos en litigio, la empresa y los gobiernos estatal, federal y municipal, con el fin de reiniciar actividades en la mina.

Dijo que la iniciativa propuesta por el perredista Santiago Domínguez Luna se suma a recientes manifestaciones realizadas en Sombrerete por ex trabajadores y familiares “patrocinados por la mano oculta de la empresa” y editoriales aparecidas en diversos diarios de circulación local que piden lo que aparentemente son justas demandas, “que se abra la mina para que haya trabajo para la población y beneficios para todo el mundo”.

Refirió sin embargo, que a casi 10 años del estallamiento de la huelga por la sección 201 del SNTMMSRM, “ya a todo mundo se le olvidó lo que originó la suspensión de labores”, y que el sindicato consideró serias violaciones al CCT.

Se refirió entre otras siete, a tres: las condiciones de inseguridad que privaban en la mina y que se documentaron en juicio laboral sustentadas en inspecciones realizada por la STPS, instancia que emitió una serie de observaciones al respecto y que la empresa nunca acató, el desconocimiento sin sustento jurídico de la dirección nacional, estatal y local del sindicato, y la negativa a entregar al gremio las cuotas sindicales que no obstante seguía descontándole a los trabajadores.

Recordó que apenas el 19 de febrero de 2006 había sucedido la peor tragedia minera de los años recientes, justo por el desapego de Germán Larrea a las medidas de seguridad en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila.

Para el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros las violaciones fueron cometidas “y tenemos las pruebas. Pero entonces se van por el recuento porque es la medida fácil, utilizando maniobras, autoridades compradas.”

La cabecera municipal de Sombrerete

Para la memoria: Pasta de Conchos

El 19 de febrero de 2016 se verificó un derrumbe en una mina coahuilense Unidad 8 “Pasta de Conchos” con resultado de 65 trabajadores muertos cuyos cuerpos no fueron recuperados nunca debido a la obstrucción que para ello hizo el consorcio empresarial de Larrea Mota Velasco a través de un controvertido “Informe Wooton”.

En él se aseguraba que era peligroso el rescate de los restos humanos, pues se corría el peligro de generar una epidemia de salmonelosis, tuberculosis, hepatitis C y VIH, según refiere Arturo Rodríguez García en el reportaje especial publicado por Proceso el 24 de marzo de 2016.

Este antecedente suscitó el reclamo en 2006 en las secciones del SNTMMSRM de Taxco, Cananea y Zacatecas, de la mejora de las condiciones de seguridad.

En el caso de esta última, la Mina San Martín, habían fallecido por estas causas ya 32 trabajadores entre 1981 y 2007, antes del estallamiento de la huelga, según refirió en conferencia de prensa José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del sindicato, recuperada por Martín Catalán Lerma en nota publicada en La Jornada Zacatecas el 31 de julio de 2015.

Estrategias distintas para un mismo fin

Las huelgas en Taxco, Cananea y Sombrerete iniciaron el mismo 30 de julio de 2006, pero IMMSA ha seguido estrategias distintas para “solucionar” los conflictos. Mientras que en la primera promovió dos demandas por agotamiento de los yacimientos a la par de desarrollarse la huelga, ambas que ha perdido, en Sonora logró que se dieran por terminadas las relaciones laborales y el despido de los trabajadores alegando “causas de fuerza mayor”, que calificó Alzaga de absurdos, pues refieren desastres naturales “imposibles de prever o frenar por la fuerza humana”, tales como terremotos o maremotos, etc.

En la Mina San Martín ha intentado dos veces que se declare la huelga inexistente, y en dos ocasiones, primero mediante la CROC y luego a través del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, ha litigado para obtener la titularidad del CCT, refirió.

La legitimación del esquirolaje

La reforma laboral que logró concretar Felipe Calderón Hinojosa justo un día antes de dejar la Presidencia de la República con votos del PRI y el PAN, permite que a la par de llevarse un proceso de huelga se interpongan en el mismo litigio recursos en apariencia “intersindicales” pero en realidad favorecedores a la patronal, como es el caso del juicio laboral que ha enfrentado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Minería, primero con la CROC y luego con el Sindicato de Exploración por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

“El derecho de huelga antes estaba protegido, ahora se permiten que entren recursos de cualquier tipo”.

Sin embargo, comentó Alzaga, sigue vigente el artículo cinco de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que señala al ataque de las guardias de la huelga como una ofensa a la sociedad, “y acá nosotros hemos tenido ataques de todo tipo”.

Además de la violación al derecho de huelga que se ha ejercido con violencia física, se atenta con las acciones que presume el SNTMMSRM tienen detrás a Grupo México a través de la CROC y el sindicato de Monterrey, contra la libertad de asociación, “porque lo que están impidiendo es que regresen los trabajadores con el sindicato que ellos eligieron”.

Las modificaciones calderonistas a la Ley Federal del Trabajo implican la “legalización del esquirolaje” y la ruptura de las huelgas.

A pesar de ello la postura del sindicato liderado por Napoleón Gómez Urrutia, es “que se respete la ley”, pues aun en las condiciones ya modificadas el gremio ha obtenido una rehacerse con la titularidad del CCT en la Mina San Martín, y esperan que cuando se emita el laudo pendiente desde 2014, ya sea les favorezca o no, tendrá que abrirse la fuente de trabajo con nosotros y en las condiciones laborales que estaban hace 10 años.

Lo siguiente a discutir sería en ese caso determinar si la responsabilidad de la huelga recae en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros o en la empresa, “quien tuvo la razón, quien demando las violaciones al CCT o la patronal que las negó”.

Rápido y furioso o lento

En estos casi 10 años, el litigio se ha acelerado o ralentizado a beneficio de Grupo México, según expuso el abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, pues luego del estallamiento de la huelga ocurrido el 30 de julio de 2007, ya para el 16 de noviembre del mismo año la JFCA había definido la fecha del recuento de votos luego que la CROC iniciara un procedimiento para pelear por la titularidad del CCT.

En otros conflictos laborales como los que mantiene el gremio en minas de Monclova, Coahuila, este procedimiento lleva cuatro años en espera, ejemplificó.

En el caso de la Mina San Martín la empresa estaba segura de ganar, pero los 100 empleados de confianza no acudieron a la votación por temor, se supo después, de ser agredidos por los propios golpeadores que había trasladado a Sombrerete la IMMSA.

En el inter entre el estallamiento de huelga y el recuento de votos, el 30 de agosto del 2012, llegaron a la demarcación 300 personas armados con palos, varillas y armas de fuego para desalojar con violencia a la guardia de la huelga. Esto amedrentó entre otros, a 47 mujeres empleadas de confianza que estaban enlistadas en el padrón presentado por la CROC.

“El resultado fue que ganamos el recuento por un margen muy pequeño”, una diferencia de 19 votos, donde el Sindicato minero obtuvo 224 para mantener la titularidad del CCT.

El momento procesal a 10 años de la huelga

No obstante haber perdido el asunto legal, la CROC se mantuvo en las instalaciones de la mina, y un año después, el 12 de julio de 2013, se desistió del litigio. Pero pasado un mes, otro gremio, ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, con sede en Monterrey, demandó la titularidad del CCT de la Mina San Martín.

Comentó Alzaga que el padrón que presentó este “sindicato blanco” como lo calificó, fue el mismo que había propuesto la CROC, compuesto en 2013 por 160 trabajadores que ya habían renunciado entre 2009 y 2011, 16 pensionados en edad avanzada y 11 muertos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros presentó ante la JFCA tanto las liquidaciones realizadas ante notario público de quienes renunciaron, como las actas de defunción dentro del litigio.

La circunstancia de un relevo de la CROC por el Sindicato de Exploración sin que mediara conflicto, y que el padrón que ambos gremios presentaron sea el mismo, cuando la única pudo facilitarlo fue la patronal IMMSA con el registro ante el IMSS, significa para el SNTMMSRM que es Grupo México quien manipula a sendas organizaciones.

“Nosotros estamos pidiendo a la autoridad que actúe en consecuencia”, ya que la JFCA no se ha pronunciado al respecto del listado.

En este litigo que ha tenido sus momentos vertiginosos como se expuso fue en 2012, el sindicato de Gómez Urrutia ha interpuesto dos medios de apremio por la vía del amparo con el objetivo de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita el laudo pendiente desde 2014, el más reciente, apenas la semana pasada.

Procesalmente tendría que resolverse primero el laudo que el tema del recuento de votos, mismo al que debe anteceder además, la validación o no del padrón que presuntamente incluye personas que ya no son trabajadores, jubilados y muertos, sostuvo Alzaga.

“Si la Junta se saltara el procedimiento o lo validara el padrón, que sería muy grave, tendríamos que irnos al amparo (…) pero nosotros tenemos la confianza de que legalmente tenemos todo para ganar porque tenemos las pruebas de lo que ha sucedido”.

“Lo que me parece lo más apasionante del Sindicato minero es que seguimos teniendo mayoría y los trabajadores están en pie de lucha. Es una huelga viva no es una huelga muerta, que ha sobrevivido con la solidaridad de los compañeros”.

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